El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en el ojo del huracán tras un duro pronunciamiento de la organización internacional Artículo 19, que exige al mandatario detener lo que califican como una “estigmatización y criminalización” hacia periodistas en la entidad. Este llamado se da en un contexto de creciente violencia e intimidación contra comunicadores, situación que pone en entredicho el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión.
La sombra de la represión
Este nuevo episodio evidencia lo que críticos y analistas políticos han advertido desde hace meses: la creciente presión y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo independiente en Sinaloa. En las últimas semanas, Rocha Moya ha realizado una serie de declaraciones que Artículo 19 ha considerado como ataques directos y peligrosos hacia los periodistas que se atreven a cuestionar la actuación del gobierno. Las críticas del gobernador, que incluyen calificativos despectivos y deslegitimadores hacia los medios de comunicación, generan un clima de inseguridad para quienes buscan informar de manera crítica sobre su administración.
Según la organización de derechos humanos, estos ataques no son aislados, sino parte de una peligrosa tendencia que podría desembocar en mayores actos de violencia y represalias contra periodistas locales. En una región que ya ha visto cómo el narcotráfico y la corrupción han permeado profundamente las estructuras de poder, cualquier intento por silenciar a la prensa representa una amenaza real y palpable para la democracia y la transparencia.
La trampa de la impunidad
Para muchos, la postura del gobernador Rocha Moya es vista como un intento de consolidar su control sobre la narrativa política y acallar las voces que denuncian las irregularidades de su gestión. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que, bajo su mandato, el estado de Sinaloa se ha convertido en un terreno hostil para los periodistas. Las palabras de Rocha Moya no solo descalifican a los medios de comunicación, sino que también legitiman, indirectamente, la violencia que enfrentan día a día los reporteros que cubren el narcotráfico y la corrupción en la región.
El ataque hacia la prensa es una estrategia que recuerda a épocas autoritarias, donde se utilizaba el poder del Estado para controlar la información y silenciar cualquier tipo de oposición. Las críticas contra el gobernador ya están resonando a nivel nacional e internacional, y no son pocos los que exigen una investigación exhaustiva para determinar si sus acciones y declaraciones han contribuido al creciente clima de inseguridad para los comunicadores.
Artículo 19 alza la voz
Artículo 19, una de las organizaciones más respetadas en la defensa de la libertad de expresión, ha sido contundente en su llamado. En su comunicado, la organización exige a Rocha Moya que cese inmediatamente los ataques hacia los periodistas y garantice su seguridad. La organización recordó que la labor de los comunicadores es esencial para la democracia y que los funcionarios públicos, especialmente los gobernadores, tienen la responsabilidad de protegerlos, no atacarlos.
Según la organización, las declaraciones públicas del gobernador han creado un entorno de riesgo donde cualquier señalamiento puede convertirse en un ataque físico o en un atentado contra la vida de los periodistas. Sinaloa, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, se enfrenta a una crisis de derechos humanos, en la que la voz de la prensa está siendo sofocada por el poder político.
¿Un ataque orquestado?
Algunos analistas creen que la criminalización de los periodistas en Sinaloa es parte de una estrategia más amplia para controlar la narrativa mediática en la entidad. El gobierno de Rocha Moya ha sido blanco de numerosas denuncias por su falta de transparencia y la posible connivencia con grupos criminales. La prensa, uno de los principales actores que denuncia estas irregularidades, ha sido convertida en enemigo por parte del mandatario, quien no ha dudado en atacarlos públicamente.
Este tipo de ataques no solo atentan contra la libertad de prensa, sino que también envían un mensaje peligroso a otros funcionarios públicos: que la crítica debe ser silenciada a toda costa. Las denuncias de Artículo 19 no son un tema menor; representan una alerta roja para todos aquellos que defienden los derechos humanos en el país.
¿Qué sigue para Rocha Moya?
La presión está aumentando sobre el gobernador, y la respuesta de su gobierno será clave para determinar si este conflicto escala o si logra resolverse de manera pacífica. La comunidad internacional ya está atenta a lo que ocurre en Sinaloa, y no sería sorprendente que las críticas continúen creciendo si el mandatario sigue con su postura de ataque hacia los medios.
Rocha Moya, quien asumió la gubernatura prometiendo transparencia y justicia, ahora se enfrenta a una dura prueba: demostrar si su administración está dispuesta a respetar la libertad de expresión o si, por el contrario, buscará seguir criminalizando a los periodistas en un intento desesperado por mantener el control del poder
